Cuando la caca no forma parte del currículo educativo

Los recortes en educación llevan a todo tipo de situaciones preocupantes como que los niños y niñas de tres años tengan que ir a solas al baño y nadie les enseñe cómo gestionar su higiene personalUna historia en primera persona que parte de la experiencia de un colegio de Sevilla para hacer una reflexión más amplia: ¿enseñamos a nuestros niños los colores pero no a gestionar la mierda propia?

Por Felipe G. Gil

Origen: Cuando la caca no forma parte del currículo educativo

Durante la presentación del curso 2016/2017 destinada a padres y madres que iban a ingresar a sus hijos de 3 años por primera vez en un colegio público de Sevilla, dos eran las maestras de infantil presentes en la sala. Una de ellas tenía una camiseta verde de la marea verde y no habló. La otra iba elegantemente vestida e intervino para decir “tenemos que dejaros claro que no estamos aquí para limpiarle el culo a sus hijos”.

La frase inquietó a muchos de las madres y padres allí presentes. Muchos de ellos se habían afanado durante el verano en que sus hijas e hijos aprendieran a ir a solas al baño. Pero todo el mundo que tenga o haya tenido que criar a una personita de tres años sabe que incluso por una cuestión puramente física es algo prácticamente imposible: sus bracitos y manos apenas llegan al ano. La destreza que requiere limpiar un lugar tan recóndito es algo que lleva mucho tiempo y una pericia que no es nada sencilla de incorporar.

Lo cierto es que la primera reacción clientelar pero al mismo tiempo plenamente justificada por parte de padres o madres que aún no conocen la existencia de herramientas como los AMPAS, es desconfiar. Desconfiar de lo público. Muchas personas no tienen elección y simplemente no tienen dinero para siquiera plantearse una alternativa. Otros más afortunados sí tienen opción pero cuentan con la convicción ideológica de que un colegio público garantizará unos valores que otros quizás no. Pero la mayoría de padres y madres presentes sentimos lo mismo: temor por nuestros pequeños.

El mecanismo explicado en detalle y fuera de contexto es mucho más grave: si una niña se hace pipí o caca encima, la maestra no puede tocarla y debe llamar a los padres para que vengan a hacerse cargo de ella. De nuevo surgen muchas preguntas, ¿y si los padres trabajan a media hora en coche del colegio? ¿Y si en ese momento no pueden desplazarse? Al final, muchos de los temores de aquella primera reunión se fueron confirmando luego: los niños llegan muchos días manchados, mojados, escozidos, malolientes…

En el caso de nuestro cole, ningún responsable del centro explicó realmente el motivo de esto. En cambio, si se explayaron en otros de los “servicios de los que disponen los colegios”. Por momentos era como si vendieran el colegio. Qué raro, tratándose de un colegio público. Pero una vez rascas un poco, descubres que los coles que no reciben niños van cerrando. Al igual que los coles que cuentan con población no censada (migrantes, fundamentalmente) reciben peor atención por parte de la institución que se hace cargo de la infraestructura. Vamos, que entre los colegios de Sevilla hay clases y hay relaciones de poder/competencia.

“El año pasado cada estudiante tenía que llevar su papel higiénico”. Te cuentan y te escandalizas aún más. Al mismo tiempo no lo ves como algo ajeno o extraño en un contexto donde los niños y niñas de tres años no son ayudados para hacer caca. Y justo ahí es cuando decides investigar un poco y descubres el pastel: en los colegios existía la figura de los “Monitores”, personas encargadas expresamente de este tipo de cuestiones que son consideradas de apoyo.

De repente pensar en la profesora que dijo “no estamos aquí para limpiarle el culo a sus hijos” cobra otro sentido. Te pones en su lugar mínimamente y piensas que no sería razonable dejar una clase de 24 pequeños a solas si uno tiene que ir al baño con cada niño o niña que tiene ganas de hacer pipí o caca. Y mas en una fase en la que muchas de las veces son falsas alarmas. Así que aunque repudies la frase, piensas: “Es algo sistémico”. Entonces te paras a pensar: ¿será el único puesto que no está bien cubierto? Has oído que con más de la mitad del curso en marcha hay muchos niños con necesidades especiales que no están diagnosticados y que probablemente ni tengan personal especializado para hacerse cargo de ellos. En el caso de los colegios de Sevilla, el personal depende de la Junta de Andalucía. Para fijar conceptos y responsables de cada cosa.

Más allá de los dichosos recortes y cómo afectan a miles de familias en todo el Estado español (porque seguro que esto es algo que puede ser complementado con cientos de historias igual o peores) hace falta hacer una profunda reflexión sobre qué implica sustraer la caca del currículo educativo. La metáfora que eso construye sobre nuestra sociedad. Sobre el futuro que deseamos para esos niños a los que abandonamos a su suerte con uno de los elementos que nos hacen humanos. Sobre lo penoso que es enseñar los colores pero no a gestionar la mierda propia. Hay tantas metáforas en esa triste realidad.

La educación privada concertada debe ser corresponsable

Carlos Gamarra
maestro de Educación Primaria en Aragón

Origen: La privada concertada debe ser corresponsable

Asistimos a una polémica artificial alentada por los obispos, la patronal de colegios privados, la confederación empresarial y los partidos de la derecha -PP, PAR y Ciudadanos-, que han enrarecido y exacerbado un proceso habitual, reglamentado legalmente, como es la revisión temporal de conciertos educativos.

Contextualizando, un colegio concertado es un colegio de titularidad y gestión privada, cuya financiación es 100% pública. Así, además del sueldo a los profesores, un colegio privado concertado recibe fondos públicos que sufragan por completo los gastos de mantenimiento, funcionamiento, reparaciones y de pago al personal de administración y servicios. El Gobierno de Aragón abona las cuantías establecidas en la Ley Presupuestos Generales del Estado (que cualquier ciudadano puede consultar), además de otros suplementos adicionales.

Precisamente por estar sujeto a la total financiación pública, un colegio privado mantiene un acuerdo temporal con la administración, denominado concierto, que finaliza, dependiendo de la etapa educativa, cada 4 o 6 años, y que en Aragón concluye para todas estas etapas en el curso 16-17. Entre los criterios establecidos para que las aulas financiadas se renueven, la legislación refleja que los centros “satisfagan necesidades de escolarización y atiendan a poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables”.

El primer requisito es la clave del asunto. La bajada de la población escolar es un hecho en numerosos barrios y localidades. Es decir, aunque que se bajen las ratios, se van a necesitar menos aulas. Por ello, se requiere acomodar la nueva realidad demográfica a la oferta educativa en el próximo acceso a la escolarización en algunos centros educativos; nunca cerrando o dejando de financiar aulas ya existentes en funcionamiento. Pretender hacer creer que esta mínima adaptación supone acabar con la educación concertada no tiene ningún sentido, y los que lo han afirmado son los mismos que decían que el matrimonio homosexual acabaría con la familia. Además, nadie ha puesto en cuestión a familias ni a profesores; en ningún momento.

Lo que se plantea con seriedad es que ha llegado el momento de la corresponsabilidad por parte de los propietarios de estos centros privados, de racionalizar la nueva oferta en función de la necesidad poblacional actual. La pública ya lo ha hecho, y con creces. Fue duramente castigada por el PP-PAR en la legislatura anterior: descenso de un 18% en su financiación, 220 aulas menos -incluyendo cierres de colegios en el medio rural- y pérdida de más de 2.000 plazas docentes, como bien recuerdan los profesores interinos que perdieron su trabajo. Trabajo que no perderán los docentes de la privada concertada gracias a las jubilaciones y a los acuerdos vigentes de recolocación con la administración.

El segundo requisito para renovar un concierto es de justicia, equidad, sentido común y compromiso social. Un centro financiado completamente con dinero público no debería excluir a niñas y niños por su origen, necesidades educativas o condición económica. Algunos propietarios de estos colegios, donde abundan las congregaciones católicas, deberían hacer una profunda reflexión al respecto, porque la realidad, con datos oficiales en la mano, es que unos centros privados concertados cumplen y otros muchos no.

Así pues, colegios públicos y privados concertados deben estar en igualdad de condiciones. Igualdad a la hora de asumir el actual descenso demográfico, igualdad para escolarizar a todo tipo de alumnos e igualdad para impartir las enseñanzas de forma totalmente gratuita, sin cuotas obligatorias y con precios de comedor accesibles. Porque si entre todas y todos financiamos tanto los centros públicos como los concertados, también todas y todos deberían tener el derecho de poder escolarizar en cualquiera de ellos a sus hijas e hijos. Porque hay que conseguir una educación en igualdad, de calidad para todos; también en el medio rural, donde la escuela pública es la única que vela por ello. Porque deben ser los poderes públicos los que, con el propio dinero público, establezcan y aseguren una equilibrada planificación educativa en función de los intereses generales. ¿O acaso esta capacidad debe estar supeditada a los intereses particulares de entidades privadas?